Por Ricardo Gálvez del Bosque
Se supone que hoy la Comisión Permanente sesionará para ver el tema de la acusación constitucional que aprobó la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) en contra de Pedro Castillo por traición a la patria.
Sin embargo, ya habiéndose publicado este martes el fallo del TC que anula todo lo actuado al respecto, si proceden a alguna otra acción que no sea el archivo de la acusación los congresistas estarían incurriendo en abierto desacato. Suponemos que primará la sensatez y se respetará lo que indicó el tribunal.
Desde hace bastante tiempo, diversas voces le han hecho saber a los congresistas que dicha causa resultaba ridícula y endeble. Balbuceos ilógicos del Presidente en una entrevista, sin ninguna acción concreta que acompañe el sentido de sus declaraciones incomprensibles, no podrían ser causal de una acusación de un delito tan grave como el de traición a la patria. Sin embargo, el Congreso decidió seguir ese camino inconducente, ilógico y sacado de los cabellos a pesar de que ni siquiera contaba con los votos necesarios para tremendo despropósito.
Para sorpresa de algunos opositores de mente obtusa – como el congresista Montoya – la resolución del TC los ha dejado en ridículo. Pero no solo eso. Tal cual lo resaltó el periodista Martín Hidalgo en redes, si uno lee el fallo completo encontrará algunos puntos interesantes que dan luces sobre el camino que debería seguir el Congreso, y que desde este espacio hemos reclamado innumerables veces.
En el considerando 78 de la resolución, el TC indica lo siguiente:
“este Tribunal entiende que la investidura del Presidente de la República, tal y como ha sido configurada y plasmada en nuestro modelo constitucional, genera que solo asuntos de especial consideración y relevancia puedan generar la activación de un antejuicio político en los términos previstos en el artículo 117 de la Constitución. Lo contrario supondría exponer recurrentemente al jefe de Estado a escenarios de inestabilidad y desgobierno (…).”
Queda claro que, tal cual está escrito el artículo 117 de la Constitución, el Presidente está bastante protegido contra cualquier acusación. Por tanto, al dar luces sobre este tema evidente (para muchos, pero no para los congresistas que siguen empecinados en andar en círculos), resulta evidente que es indispensable que se reforme de una vez dicho artículo. ¡Hasta el TC que ellos mismos han elegido se los está soplando!
Desinflado este globo distractor que lanzó el Congreso para hacerse al opositor, no encontramos excusas creíbles para que los parlamentarios sigan dejando que esta legislatura termine sin que hayan reformado dicho artículo. ¿Qué necesitan? ¿Que les redactemos las 3 ó 4 oraciones que habría que agregarle para que el Presidente pueda ser acusado por delitos de corrupción o pertenecer a una organización criminal? ¿Cuál es la justificación para que sigan haciéndola larga? Porque, desconocimiento no es.
Para lograrlo, la oposición solo necesita 66 votos. Y los tienen. El resto lo haría la ciudadanía aprobando la reforma en referéndum. Sería difícil – y escandaloso – que una mayoría de la población vote en contra de una reforma que combatiría la corrupción presidencial.
Ya sabemos que todas las bancadas pueden lograr consensos si el objetivo es el de destruir instituciones y aprobar propuestas mercantilistas (vean nuestro post sobre la contrarreforma universitaria aquí ). ¿Qué tal si se dejan de tontear a la ciudadanía y toman cartas en el asunto?
Imagen: Composición Punto Medio. Foto principal ANDINA/Andrés Valle
