Por Ricardo Gálvez del Bosque
Hay algo profundamente absurdo en el sistema tributario peruano.
Imaginemos a una persona que lleva décadas aportando a EsSalud. Cumplió con trabajar, cotizar y financiar el sistema público de salud durante toda su vida. Sin embargo, cuando enfrenta una emergencia médica grave, sabe perfectamente que acudir al hospital público puede significar esperar demasiado. Y en una emergencia, esperar puede costar la vida.
¿Qué hace entonces? Lo mismo que miles de peruanos: utiliza un seguro privado que también ha pagado durante años. No porque quiera un lujo, sino porque necesita atención inmediata.
Hasta ahí ya existe una enorme falla del Estado. Pero viene una segunda sorpresa.
Cuando llega el momento de pagar la cuenta de la clínica, el Estado aparece. No para ayudar. No para asumir el costo de un sistema público que no pudo responder. Aparece para cobrar el 18 % de IGV.
Vale la pena detenerse un momento. El Impuesto General a las Ventas grava el consumo de bienes y servicios. Pero ¿qué está consumiendo realmente un paciente que entra de emergencia a una sala de operaciones? ¿Qué compra alguien que necesita una cirugía cardíaca, una quimioterapia o una cama en cuidados intensivos? Nadie adquiere esos servicios por placer ni por comodidad. Los utiliza porque su vida depende de ello.
La paradoja resulta difícil de justificar. El Estado no logra brindar oportunamente el servicio de salud por el que millones de personas ya aportan. Obliga, en la práctica, a que muchos recurran al sector privado para sobrevivir. Y cuando eso ocurre, vuelve a aparecer… ¡esta vez para cobrar impuestos!
Más contradictorio aún cuando el propio Estado ha decidido exonerar del IGV a múltiples actividades económicas. Restaurantes, hoteles y otros sectores han recibido beneficios tributarios bajo distintos argumentos. Pero quien intenta salvar la vida de un familiar sigue pagando el impuesto completo.
No se trata de defender privilegios para las clínicas privadas ni de abrir una puerta a la evasión tributaria. Se trata de reconocer que la salud no puede seguir siendo tratada como un consumo cualquiera.
El debate no debería ser si alguien puede pagar una cuenta médica. El debate debería ser por qué el Estado termina recaudando precisamente cuando ha fallado en cumplir una de sus obligaciones más elementales.
El próximo Congreso tiene la oportunidad de corregir esta distorsión. Si realmente queremos un sistema tributario más justo, empecemos por dejar de gravar con IGV aquello que nadie elige comprar: la necesidad de seguir viviendo.
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