Por Ricardo Gálvez del Bosque
El doble rasero de la mayoría congresal ha alcanzado niveles espeluznantes. Y es que, en estos días se estará concretando el proceso sumario que pretende destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Con ese acto, el Congreso tomará de facto un organismo constitucionalmente autónomo que se encarga de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales, y que además nombra a los jefes de dos de los principales organismos electorales del país.
¿Qué excusas usan para lograr su objetivo? Entre las principales supuestas “faltas graves” estaría el comunicado que dicha institución sacó a raíz de la inminente inhabilitación política que el Congreso orquestó contra la Fiscal Suprema Zoraida Ávalos. Según la mayoría congresal, la JNJ se habría inmiscuido en prerrogativas parlamentarias.
El famoso comunicado
¿Qué decía ese famoso comunicado del 23 de mayo? En su punto 2 invocaba “respetuosamente, a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República, la mayor reflexión en torno a la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de su función fiscal, como expresión de su propia independencia.”
Luego, indican que la “JNJ respeta plenamente la atribución constitucional del Congreso (…). No obstante, estima que el ejercicio de tales facultades debe hacerse ponderando cuidadosamente los valores constitucionales en juego (…).”
¡Escándalo! ¡Cómo se les ocurre a los miembros de la JNJ (que es la encargada de sancionar, si correspondiera, a la Fiscal que inhabilitó el Congreso) decirles a los parlamentarios que reflexionen y que tomen su decisión ponderando los valores constitucionales! ¡Si son intocables! ¡Son semi-dioses! ¡Qué tales igualados! ¿Que reflexionemos? ¡Se están metiendo en nuestros asuntos!
La inhabilitación y su excusa
¿Por qué la sancionaron, finalmente, a Zoraida Ávalos? ¿Qué excusa usaron? Pues, que Ávalos, como Fiscal de la Nación, abrió investigación contra el entonces Presidente Castillo y la suspendió tomando en cuenta el artículo 117 de la Constitución. Su interpretación, y la de todos (ojo, ¡todos!) sus antecesores era que como no se le podía acusar a un Presidente en funciones gracias al blindaje de ese artículo, las investigaciones (de darse) tendrían que – por lo menos – suspenderse hasta que éste deje la Presidencia.
En concreto, Ávalos dio un paso más que su antecesora, la hoy acusadora congresista Gladys Echaíz, quien cuando fue Fiscal de la Nación archivó los casos contra Alan García, amparándose en el 117. ¡Archivó! ¡Ah! Pero ahora es otro cantar, ¡eh!
Según los acusadores, Ávalos debió seguir adelante como lo hizo su sucesora Patricia Benavides, con una interpretación novedosa en nuestro sistema que desde este espacio apoyamos. Entonces, por no innovar y a pesar de ir más allá que la propia Echaíz, la mandaron a la guillotina por una decisión – cuestionable, seguramente – que le correspondía como Fiscal de la Nación.
¿El resultado? El Congreso generó el precedente de que, si no le gusta la decisión jurídica de un Fiscal Supremo, lo pueden expectorar inmediatamente.
Siguen sin entender que el tema no es Zoraida Ávalos, a quien se le puede criticar como deseen con total libertad. El problema es que, con ese acto autoritario, abrieron las puertas del infierno, y en adelante el poder político de turno podrá sacar a cualquier fiscal que ose tomar un camino jurídico que no les guste. Mesa servida para el próximo autoritario que llegue al poder. Pase, sírvase y tome todo.
¿Y la hipocresía?
A eso vamos. Según esta gente, se debió investigar al corrupto de Pedro Castillo. Pero…¡un momentito! ¿Cuál era la barrera para poder acusarlo? ¿Dónde estaba el cuello de botella? ¡Eureka! ¡En el artículo 117 que lo blindaba por delitos asociados a la corrupción durante su mandato!
¡Uy, chispas! Y, ¿quiénes podían y pueden modificar ese artículo? ¡Adivinen! ¡Los congresistas! Y, ¿qué hicieron? ¡Nada! ¿Intentaron? ¿Lo plantearon? ¿Ayudaron a la Fiscalía en ese propósito? ¿Se pusieron la camiseta y dijeron “no vamos a dejar que la Constitución blinde la corrupción presidencial y dotaremos de las herramientas necesarias al Sistema de Justicia para que se puedan acusar estos actos evidentes”? ¡No! ¡Naca la pirinaca!
Ustedes dirán, “Bueno, pero seguramente ya aprendieron la lección y han reformado el artículo, ¿no?”. Pues, no. No les interesa, están en otra. ¡Sigue igualito! Si no fuera por el golpe de Estado que anunció Pedro Castillo aún no podrían acusarlo por sus actos de corrupción.
En conclusión: El Congreso hipócrita inhabilita a una Fiscal Suprema que le desagrada a la mayoría parlamentaria porque ésta no dio más pasos para acusar a Castillo. Y dichos pasos estaban frenados por el mismo Congreso que jamás hizo nada para habilitar el camino para que éste sea acusado por corrupto (mantuvo y mantiene intacto el 117). Por último, como cereza de la torta, ahora pretende destituir a toda la JNJ por alertarles y pedirles que reflexionen antes de que tomen esa peligrosa y temeraria decisión.
Todo esto demuestra que destituyen, inhabilitan y sancionan usando excusas y abusando del poder que tienen. Y que lo hacen con absoluta hipocresía, porque saben que para el ciudadano de pie el tema es tan complejo que no le van a prestar la atención debida. Nauseabundo por donde se le mire.
Imagen: Composición Punto Medio. Caricatura tomada de http://emilioeducadoryantropologo.blogspot.com/2016/11/hipocritas.html y con firma del autor. Congreso tomada de: Página Institucional del Congreso
