Por Gabriel Moreno Alcántara
Y finalmente comienza a materializarse lo que se advirtió por much@s desde el mes de julio: el Congreso iba a por todo contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La guerra con los tiempos es feroz puesto que dentro de la JNJ, la magistrada Inés Tello se encontraría lista para continuar con los procesos administrativos dado que su informe recomienda abrir procedimiento disciplinario contra la actual fiscal de la nación, Patricia Benavides, por 3 casos en concreto. Los casos acumulados son: la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla y otros fiscales, los cambios en el equipo del caso “Cuellos Blancos” y el récord de llamadas telefónicas entre Benavides y el empresario investigado Antonio Camayo.
¿Qué acciones ha tomado el Congreso? Pues no le ha bastado a la congresista Patricia Chirinos presentar un proyecto de ley de “desarrollo constitucional” para buscar el cese inmediato de magistrad@s que superen los 75 años de edad. La jugada mañosa de Chirinos busca evitar el paso correcto de una reforma constitucional en la materia que requeriría 87 votos en 2 legislaturas u 66 votos y un referéndum, para optar por una aprobación de ley que requeriría mayoría simple. Patricia Chirinos se ha atrevido a más: pedir que la comisión de justicia del Congreso investigue de manera sumaria a la Junta Nacional de Justicia. Según ella, los miembros de la JNJ han sobrepasado sus competencias al brindar un comunicado donde expresaban su preocupación por la remoción de la exfiscal Zoraida Ávalos por parte del Congreso. Lo que el Congreso busca desconocer es que aun cuando ellos pueden tener la facultad de sancionar a altos funcionarios, es la JNJ la que también tiene injerencia directa en revisar y/o confirmar la destitución o remoción de un(a) fiscal.
Lo que buscan Chirinos y compañía es claro: ‘salvarle el pellejo’ a Patricia Benavides en clara señal de devolución de un favor político. Aun cuando el expresidente Castillo fue vacado por cometer un delito como lo es dar un golpe de estado, fue la fiscal Benavides la que presentó una denuncia inédita contra un presidente en funciones apelando al principio de convencionalidad al tratado de Naciones Unidas contra la Corrupción. Con ese favor, Benavides buscaba sacar del plano político al presidente de aquel entonces y retener en sus puestos a los congresistas; entonces, se presume que ahora ella estaría solicitando el pago por dicho favor asegurándole su puesto en la Fiscalía de la Nación.
Tras la aprobación en el pleno del Congreso del pasado jueves 7 de setiembre de la moción de Chirinos con la única modificación de aumentar el plazo de 7 a 14 días para garantizar un debido proceso, varias instituciones se han pronunciado con severa preocupación por lo que acontece: la propia JNJ, Naciones Unidad, Transparencia, etc. Incluso un magistrado español que estuvo en Perú por aquellos días declaró que estaría el Perú ante un proceso sumarísimo que no sólo viola la Constitución peruana, sino que se da en gobiernos que lindan con la dictadura.
El fin último con todas estas medidas es remover a la magistrada Tello para inclinar los votos dentro de la JNJ en favor del deseo máximo: destituir a los presidentes del JNE & ONPE, para poder tener control sobre los organismos electorales. Si no fuera de esa manera, ¿por qué un funcionario público de tan alta posición tendría que abandonar su cargo por un factor etario cuando hubo magistrados del propio TC, como el difunto Augusto Ferrero Costa, quien ejerció su cargo hasta los 77 años? Claro, es que Ferrero sí compartía ideas políticas con los grupos políticos que buscan esta jugada, entonces estamos ante un abuso constitucional flagrante y en marcha…¡a toda marcha!
Imagen: Difusión
