Por Ricardo Gálvez del Bosque
En marzo del 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite una petición del 2007 de un terrorista peruano sentenciado. Repentinamente, esta semana se armó un escándalo al respecto. Casi año y medio después. Dieciséis desde que la defensa del delincuente la presentó. Dieciséis.
La Presidente, queriendo complacer a la tribuna política que la sostiene (aparentemente, esa sería su única preocupación ya que su principal objetivo es quedarse en el poder), se dispuso a soltar un tuit de indignación sobre el tema. Un tema que salió de la nada y que se ha intentado sacar de proporción.
Esta admisión de demanda que data desde el 2007 se resolverá, probablemente, luego de cumplida la condena del terrorista, quien saldría libre el 2026. Pero muchos levantaron polvo e incentivaron la histeria colectiva. Poco ha importado que, en el punto número 50 de su resolución la Comisión indica que ella misma “no constituye una cuarta instancia que pueda realizar una valoración de la prueba referente a la posible culpabilidad o no” de Polay Campos. Es pues, una admisión a trámite que lo único que hace es declarar que el demandante cumplió con las formalidades de presentación para que se admita.
Pero, ¡no! ¡Escándalo! Inmediatamente de soltada esta noticia pasada, algunos partidos políticos se aventuraron a lanzar comunicados descaradamente mentirosos (¡hasta se atreven a mentir sobre el indulto a Fujimori de hace pocos años!) y aprovecharon para promocionar sus campañas populistas. Y así, con “medias verdades” (esas que son más peligrosas que las mentiras), decenas de columnistas y opinólogos se contagiaron de esa algarabía absurda y empezaron a rondar los típicos discursos terruqueadores, echando desagüe contra un ventilador. Empezaron los carnavales, dijeron.
En medio de esta campaña, ex autoridades en búsqueda de sus notoriedades perdidas, aprovecharon para promocionarse en entrevistas. En ellas fungen de profesores de la sociedad sobre el fenómeno terrorista peruano, nombrando crímenes nefastos y muertos que todos los peruanos de bien repudiamos. Algunas de estas “enseñanzas sociales” adquieren mayor difusión si es que el entrevistado aterriza sus relatos con experiencias propias que permitan titulares que generen más indignación (¿y más consumo de medios?).
Ah, ¡obvio! ¡Nos faltaba la lógica consecuencia de esta ridícula situación! En paralelo a todo eso, quien ose poner las cosas en claro y decir “oigan, no ha pasado nada de lo que están cacareando”, automáticamente es catalogado como “caviar” o en el peor de los casos “pro-terruco”. ¿En qué momento nos volvimos tan básicos y primitivos?
¿Alguno de estos personajes habrá leído las 12 páginas de la admisión? ¿O sabrá qué implicancias tiene? Uno: la Comisión no es la Corte. Dos: nadie va a revisar si el terrorista es culpable o no. Tres: Se admiten las peticiones que cumplen con las formalidades respectivas, aquí y en cualquier sistema jurídico respetable. Cuatro: Una admisión a trámite es eso, no es un reconocimiento sobre el fondo del asunto. Cinco: La Comisión no puede investigar hechos anteriores a Enero de 1998. ¿Entonces?
Nos preguntamos, ¿qué se pretende tapar con este refrito absurdo y desfasado? ¿Qué intereses hay detrás de esto? ¿Estaremos probándoles la teoría a aquellas autoridades que creen que “hacer política” es utilizar troles para generar campañas de desinformación? Porque, vamos, ¡pareciera que funciona y nos están llevando de las narices!
Imagen: Composición de Punto Medio. Polay Campos: Difusión. CIDH: CIDH institucional.
