Por Gabriel Moreno Alcántara
Como ya se adelantaba hace algunas semanas desde Punto Medio, tomadas ya la Fiscalía de la Nación, SUNEDU, el TC con mayoría en favor de los intereses congresales y la Defensoría del Pueblo, irían estratégicamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este objetivo a mediano-largo plazo comenzó ayer domingo 9 de julio con la presentación de una denuncia constitucional hecha por la congresista Patricia Chirinos. No olvidemos que esta congresistas de Avanza País es ya conocida por denunciar a cuant@ funcionari@ o exfuncionari@ incómod@ a intereses particulares existe. Vizcarra, Castillo, Ávalos, Sagasti, exministros de Castillo, entre otr@s, figuran también en su récord histórico de denuncias. Pues bien, ¿todo esto qué implica?
Chirinos ha denunciado a 3 de los 7 miembros: Imelda Tumialán, María Zavala y Antonio de la Haza. Los presuntos delitos a los que hace referencia la congresista son: patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo, pidiendo para ellos la destitución del puesto que ocupan actualmente en la JNJ y sus respectivas inhabilitaciones de la función pública por 10 años. Ahora bien, Patricia Chirinos se centra en una investigación en curso y no corroborada sobre una presunta presión de los miembros de la junta para que la Sala Permanente de la Corte Suprema se pronunciase tras la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. ¿Es válido pedir sanciones de semejante envergadura ante hechos no probados siquiera con denuncia o acusación fiscal? A mi modo de ver los hechos, la parlamentaria habría encontrado por fin un alegato polémico para lograr atacar y desmembrar la actual correlación de fuerza en los votos y decisiones dentro de la JNJ.
Nadie es tonto en este país. Sabemos claramente que hay un gran sector dentro del Congreso que busca tener el control tácito de la JNJ con magistrados que ‘paguen favores’ a dicho poder estatal y de esa manera poder tener el control del nombramiento, ratificación y/o destitución de jueces y fiscales del país. Suena gravísimo y delicado, pero tenemos casi la plena certeza que es la intención y, ¿quiénes estarían en la mira para poder proceder con destituciones por cualquier razón, por lo descabellada que sea? Lógicamente, l@s siguientes serían l@s primer@s en la lista: Jorge Salas Arenas (juez supremo y actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones), César San Martín (juez supremo y presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema), Elvia Barrios (exfiscal de la nación y actual presidenta de la Sala Penal Transitoria), Víctor Prado Saldarriaga, entre otros jueces incómodos. Por el lado de fiscales supremos, superiores o provinciales, saltan a la vista: Zoraida Ávalos (exfiscal de la nación y actual fiscal suprema titular sólo inhabilitada mas no destituida), Pablo Sánchez (exfiscal de la nación y actual fiscal supremo titular), Rafael Vela (fiscal superior siempre incómodo a los partidos políticos actuales) e incluso al propio fiscal provincial José Domingo Pérez, quien viene manejando muchas de las investigaciones de corrupción ligadas a Odebrecht.
Estábamos advertidos hace bastante tiempo que la meta máxima de l@s congresistas que creyeron en el inexistente fraude electoral iba a ser tratar de cambiar a las actuales cabezas del sistema electoral a como dé lugar. Pues bien, la denuncia actual pasará por la Subcomisión de Acusaciones Constitucional (un par de meses allí seguramente), para luego subir a la Comisión Permanente y como último escalafón: al Pleno del Congreso. Lo más peligroso es que sienten tener los votos, sobre todo si parte de la izquierda se une a estos intentos desesperados de la derecha por cooptarlo todo a su antojo. Prensa y ciudadanía juegan y jugarán un rol trascendental en este largo proceso.
Imagen tomada de https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/reformas-estructurales-como-respuesta-impostergable-a-la-crisis-del-sistema-de-justicia-parte-ii-junta-nacional-de-justicia-excelencia-y-lucha-contra-la-corrupcion/
