Por Ricardo Gálvez del Bosque
A la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le están respirando en la nuca las bancadas del Congreso que hoy tienen mayoría. Como bien sabemos, la JNJ reemplazó al caído en desgracia Consejo Nacional de la Magistratura, y es la encargada de nombrar, sancionar, ratificar y destituir jueces y fiscales. Es decir, tiene un peso importantísimo en el Sistema de Justicia peruano. Por tanto, no sorprende que en estos momentos sea un botín tentador para muchas fuerzas políticas.
Los miembros de la JNJ son nombrados por 5 años, y los mandatos de sus actuales representantes están próximos a vencer. Este hecho hace salivar a más de uno en el Congreso, ya que, de tener el control de dicho organismo, se puede tener el control de todo el sistema judicial.
Pero, ¿es acaso el Congreso el que elige a los miembros de la JNJ? No, ¿no? ¿Entonces? ¿Cuál es la alarma? Para explicar cómo se están cocinando a fuego lento las cosas, vamos a explicar paso a paso la estrategia.
Para elegir a los miembros del JNJ, se forma una comisión que es integrada por 7 personas. La preside el Defensor del Pueblo, y la integran el Presidente del Tribunal Constitucional (TC), el Contralor General de la República, el Presidente del Poder Judicial (PJ), la Fiscal de la Nación (FN), un rector elegido por las universidades públicas licenciadas, y otro de las privadas (en ambos casos participan las universidades con más de 50 años de antigüedad).
Como es de público conocimiento, el TC actual ya es tributario de este Congreso al haber sido elegido por éste mismo. Evidencias sobre su relación con el Legislativo sobran: les ha dado iniciativa de gasto a los congresistas, ha apoyado la contrarreforma universitaria impulsada por el Congreso y ha dictaminado que el Parlamento esté exento del control judicial. Es decir, lo ha vuelto un súper poder del Estado. Por tanto, se puede inferir que el TC ya está capturado. Van 1 de 7.
El Defensor del Pueblo acaba de ser elegido por este Congreso, sin tener las credenciales necesarias para el puesto que ha empezado a ejercer. El ex abogado de Cerrón consiguió que múltiples bancadas (entre las que destaca el fujimorismo) lo apoyen en su propósito. Van 2 de 7.
La próxima semana, el Congreso pretende inhabilitar a la Fiscal Suprema Zoraida Ávalos con excusas burdas. Irónicamente su antecesora Gladys Echaíz la acusa de no haber hecho lo que ella tampoco hizo cuando estuvo dirigiendo el Ministerio Público. En fin. Su pronta e inminente sanción interesada hará que se refuerce el liderazgo de Patricia Benavides en la Junta de Fiscales Supremos, siendo sus potenciales reemplazantes allegados suyos. Van 3 de 7.
Por último, esta semana la Comisión de Constitución que preside el fujimorista Guerra García ha empezado a debatir un predictamen que establece la continuidad del Contralor General de la República con mandato vencido hasta que se designe a su reemplazo. Con la excusa de llenar un vacío legal, el mensaje es claro para el actual Contralor. Van 4 de 7.
Listo. Súmenle a la rectora Jerí de San Marcos y a todos aquellos que se unieron a la contrarreforma universitaria, y quizás logran hasta un quinto representante en la comisión que designará a los miembros de la JNJ. Pueden ser, quizás, la yapa.
Finalmente, a todos los actuales miembros de la JNJ les han metido una última amenaza pública. La congresista Patricia Chirinos ha presentado una acusación constitucional contra ellos por el último comunicado que sacaron exhortando que los congresistas sean conscientes a la hora de votar a favor de la inhabilitación de una Fiscal Suprema.
La arremetida es fuerte, clara y pública. En el Congreso están desatados y van por todo.
Imagen: Composición Punto Medio. JNJ: página institucional.
