Por Gabriel Moreno Alcántara
La semana pasada se conoció finalmente el informe definitivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (pueden revisar el informe aquí) sobre los actos de violencia que se perpetraron en el país tras el golpe de estado que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado. Un informe de 113 páginas que detalla con bastante rigurosidad el marco coyuntural por esas fechas, narrando hecho por hecho y víctima por víctima caída en las distintas protestas que se suscitaron en el país. Y si bien no es una sentencia que dicte resoluciones a cumplir sí presenta una serie de conclusiones y recomendaciones que terminan siempre en recomendar una profunda investigación fiscal para encontrar a los verdaderos responsables.
Lógicamente, comentarios desde los distintos espectros políticos no se dejaron esperar. La derecha en todas sus tendencias salió a cuestionar e incluso rechazar el informe por tratarse de un “organismo externo” y de emitir un informe con un “claro sesgo ideológico”. Por su parte, el sector más conservador de la izquierda peruana (alas cerronista y castillista) hicieron lo propio al ver la confirmación que en Perú se dio un golpe de estado y que no hay un rechazo o pedido de renuncia hacia la presidenta Dina Boluarte. El informe habla con base probatoria de que en el país se habrían dado abusos por parte de efectivos policiales y militares, así como ejecuciones extrajudiciales e incluso una ‘masacre’. Claramente, todo deberá pasar a un exhaustivo proceso de investigación, el cual no dudo tome algunos años en obtener resultados, pero se sabe que graves atentados contra los DD.HH. no prescriben.
Tras conocerse el informe, Boluarte y sus ministros dieron una conferencia de prensa para respaldar partes del informe, pero para también rechazar otras secciones del mismo que evidentemente cuestionaban el accionar que tuvo su gobierno en las manifestaciones violentas. Asimismo, dio una entrevista exclusiva al diario El Comercio en la que, entre muchas otras opiniones, deslizó que si bien ella formalmente es ‘jefa suprema de las FF.AA., no tiene comando’. La afirmación es parcialmente cierta: son los jefes, en las distintas jerarquías militares, los que deciden las estrategias y órdenes a sus tropas de manera directa; no obstante, como en toda organización, la jefa suprema también asume responsabilidades de hechos que acontecen por parte de personas que se encuentran bajo su tutela. En otras palabras, si trazamos un organigrama de las FF.AA., MINDEF y Boluarte, sabremos con claridad la línea de responsabilidad ante este tipo de actos.
Dina Boluarte va a tener que responder tarde o temprano ante la justicia por estos actos y será allí cuando veremos el grado de responsabilidad que finalmente tuvo la primera mandataria mujer en la historia del Perú.
Imagen: Difusión. Tomada de https://m.panamericana.pe/politica/379435-protestas-sociales-dina-boluarte-brindara-tarde-conferencia-prensa-informe-cidh?ref=nrel
