Por Ricardo Gálvez del Bosque
Tras la difusión de la última encuesta telefónica realizada por IEP (ver enlace aquí ), muchos impulsores de la Asamblea Constituyente (AC) se han sentido empoderados para afirmar que la mayoría de peruanos quiere un cambio de Constitución. ¿Será cierto eso?
Ante la pregunta de si estarían de acuerdo en que se convoque una AC, la encuestadora arroja que el 69% estaría a favor de dicha propuesta mientras que un 27% se opondría. Dichos resultados parecerían darle a entender a algunos políticos y analistas que la oportunidad de oro de la izquierda parece haberse aparecido en medio de la crisis política y social.
Sin embargo, haríamos mal en solo centrarnos en esa respuesta ya que cuando se pregunta a los encuestados sobre su opinión ante posibles cambios de la Constitución del 93, el 45% cree que se deben hacer algunos cambios a la actual Carta Magna, solo el 40% cree que se debe redactar una nueva Constitución, y un 12% cree que no se debe cambiar nada. Es decir, un 57% no cree que la mejor opción sería redactar una nueva Constitución.
¿Será que la figura de la “Asamblea Constituyente” no ha sido explicada a cabalidad? ¿Cómo se explica que un 69% quiera una AC, pero que la mayoría de personas no crea que la salida sea el tener una nueva Constitución? Entonces, ¿para qué sería la AC? ¿Para reformar solo algunas partes y otras no? ¿Cómo funciona eso? No tiene mucho sentido.
Decir que los grandes problemas estructurales que generan la desigualdad se deben a la Constitución del 93, culparla de que ésta hace que los millonarios saqueen las riquezas del país, hablar de que en el 2023 se renegocian sabe Dios qué contratos (inventados) multimillonarios y que por eso es momento de derogarla, o decir que tenemos políticos inescrupulosos y delincuentes gracias a ese documento puede servir para publicitar la idea. Pero, ¿son verdades o engaños?
¿La mayoría de encuestados sabrá que pasar por un proceso constituyente demora aproximadamente 4 años hasta que se mande a referéndum la nueva Constitución? ¿Sabrán que dicha Asamblea es, básicamente, un nuevo Congreso encargado de redactar la nueva Carta Magna? ¿Sabrán que, con esa iniciativa, ya no tendríamos un Congreso sino dos instituciones similares (el Parlamento propiamente dicho, y la Asamblea Constituyente)? ¿Querrán duplicar legisladores (congresistas y asambleístas)?
Da la impresión de que, cuando se pregunta qué se debiera hacer con la Constitución del 93, se aterrizan las expectativas y se sincera el real pedido de la gente. Y ante esa pregunta, solo el 40% estaría a favor de redactar una nueva Carta Magna. ¿Se imaginan que diría ese 40% si se les informa que para lograrlo se necesitan 4 años, sin saber qué es lo que resultará de ese proceso?
Lo más lamentable ha sido ver el desagregado de propuestas que la gente tiene en mente para su nueva Constitución. En todas ellas, las iniciativas conservadoras e inconstitucionales obtienen una abrumadora mayoría (no al matrimonio igualitario, no a la flexibilidad laboral en un país absolutamente informal, reinstaurar el servicio militar obligatorio, no a la despenalización del aborto, pena de muerte). Es decir, una nueva Carta Magna sería todo lo contrario a lo que la izquierda peruana dizque progresista finge promover.
Pero, ¡ojo! Una propuesta que ha marketeado la izquierda sí tendría un apoyo ligeramente mayoritario (51%). Esta sería la que permitiría que el Estado sea el dueño de las principales empresas e industrias del país. Y ese es el principal objetivo de muchos que se camuflan ofreciendo cambios sociales cuando lo que en verdad quieren es un Estado empresario, un Gobierno empleador, controlar el mercado. Sí, ese Estado que no puede ni comprar úrea.
Pareciera, pues, que el resto de banderas que finge izar esa izquierda progresista erían irrelevantes. Que la nueva Constitución sea mucho más conservadora, sería algo que están dispuestos a arriesgar con tal de que el capítulo económico les permita acaparar bienes y servicios. Quizás es por eso que cuando se les pregunta “¿y qué es lo que quieren cambiar concretamente de la Constitución?”, jamás son capaces de responder coherentemente, sin arengas y con la verdad.
Ante esta crisis política y social, a las justas estamos con la capacidad de elegir nuevas autoridades. El nivel de polarización es tal, que pensar que además tendríamos que elegir a asambleístas que refunden el país resulta absolutamente irresponsable y engañoso.
No creemos que este sea un momento constituyente, sino más bien uno destituyente. Uno colérico. Uno que grita “¡que se vayan todos!”. Pero decírselo a cierto sector político, con absoluta sinceridad, te puede convertir en blanco de todo tipo de insultos ilógicos e irracionales.
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