Por Ricardo Gálvez del Bosque
Nuestras autoridades no son capaces de ejercer sus labores a cabalidad. Por eso, desde ayer hasta hoy, desfilarán ante una Comisión enviada por la OEA para expresar sus lamentos y quejas. No hay que ser brujo para saber con qué narrativa irán a reunirse con esta misión los representantes de diferentes poderes del Estado.
El Ejecutivo, quien solicitó la llegada de la misma, hará esfuerzos para intentar demostrar que en el Perú hay un golpe de Estado en marcha. La oposición del Congreso dirá todo lo contrario, y que más bien, el Ejecutivo pretende disolverlos con amenazas. Por su parte, los representantes del Poder Judicial harán saber de su independencia para impartir justicia. Y el Ministerio Público dirá que no existe ninguna persecución política, pero que tiene 190 elementos de convicción en su haber que le permiten señalar que lo que habría es una organización criminal corrupta en el Poder Ejecutivo.
Todo esto, con el afán de que la Comisión pueda emitir un documento diplomático que invite a todas las fuerzas políticas y la sociedad civil a promover un diálogo que permita encontrar una salida a la crisis que hoy se respira en el Perú. Básicamente dirán eso. Matices más, matices menos. Eso pasará salvo que alguno de los actores políticos cometa una torpeza mayúscula que impulse que el resultado de esta visita deje de ser un comunicado gris para convertirse en uno gris con un matiz ligeramente más oscuro.
El espectáculo que estamos dando, a nivel internacional, es lamentable. Nosotros mismos no parecemos poder salir del entrampamiento en el que estamos. El Perú está sumergido en una crisis tal que, resulta casi imposible creer que un diálogo entre Ejecutivo y Legislativo calmará las aguas hasta el 2026. Las acusaciones son de tan grueso calibre, que es difícil avizorar que ambos poderes conversen sobre temas de fondo. Cabe resaltar que sobre temas mercantilistas sí se dialoga y se logran pactos, tales como la toma de la SUNEDU o la destrucción de la Derrama Magisterial.
La sociedad civil debe tomar cartas en el asunto, con responsabilidad. No esperemos que un grupo de cancilleres, que responden a sus Gobiernos respectivos, nos regalen una varita mágica que solucione nuestros problemas. El poder emana de la ciudadanía, y esta puede ejercer presión a los políticos de turno para encontrar una salida ordenada, constitucional y legítima. No creamos que llorándole al árbitro alguien va a ganar el partido.
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