Por Ricardo Gálvez del Bosque
Cuando un sentenciado a pena de muerte está próximo a que ésta se ejecute, se dice en Estados Unidos que se encuentra en “death row” (el “corredor de la muerte”). Los reos, en dichos casos, tienen limitado tiempo para presentar recursos que los salven de una condena irreversible. Mientras tanto, la ejecución de sus sentencias sigue avanzando siguiendo un cronograma durísimo que – lo más probable – termine en contra del reo.
Poco a poco, Dina Boluarte va acercándose a la inhabilitación para la función pública. Las denuncias que tiene en su contra por infracción al artículo 126 de la Constitución serían la herramienta de la oposición para poder destituirla del cargo de Ministra y primera – y única – Vicepresidenta de la República.
Cuando salió a la luz el informe de la Contraloría indicando que Boluarte habría realizado gestiones a favor de un Club departamental siendo ministra, y que esto implicaba una infracción a la Constitución, la situación no era tan clara. Su abogado, Alberto Otárola, se amparaba en que las firmas de documentos que sustentaban dicho informe no habrían sido gestiones sino “subsanaciones” de actas. Usando esa estrategia de defensa, algunos juristas anticiparon un debate legal sobre el tema.
Sin embargo, cuando Epicentro TV sacó a la luz más documentos firmados por Dina Boluarte la cosa se puso mucho más difícil para la Vicepresidenta. En ellos, Boluarte rubrica documentos de gestiones del Club frente a la Municipalidad de Lima solicitando que se le otorguen permisos y licencias a su peña, restaurante y sala de eventos. Estos datan de abril de este mismo año y desbaratan la estrategia legal de su defensa. Como Ministra estaba prohibida de realizar dichos actos.
Este martes, la acusación por infracción constitucional ha sido aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Con dicha aprobación ya se pone en marcha el camino hacia la destitución de Boluarte. ¿Quiénes la blindaron? Dos congresistas del Bloque Magisterial y María Taipe (Perú Libre) votaron en contra. Se abstuvieron Alfredo Pariona (Perú Libre) y Jorge Flores (Acción Popular). Cabe destacar que Waldemar Cerrón no ejerció su derecho a voto, lavándose las manos como Poncio Pilatos.
Aparentemente, la suerte de Boluarte ya estaría echada. Es de público conocimiento que, el cerronismo puro y duro ha tenido fuertes conflictos con ella. Para ellos, administrar la inyección letal no sería ningún problema y lo harían en medio de sonrisas. Quizás, del oficialismo solo pueda contar con el respaldo del Bloque Magisterial, el grupo de Bermejo y los aliados incondicionales que entraron con Juntos por el Perú.
Con este primer paso concretado, el Congreso ya habría puesto en el corredor de la muerte a la Vicepresidenta de la República. Las pruebas que se tienen en su caso son contundentes, y la oposición aprovecharía la oportunidad para tener en su marcador el autogol facilitado por la propia Boluarte. Las preguntas que quedan son, ¿y el Adelanto de Elecciones Generales que propuso Keiko Fujimori? ¿Para cuándo? La reforma del artículo 117 de la Constitución para que el Presidente pueda ser acusado por delitos de corrupción, ¿no la van a ver nunca? ¿O quieren hacerla larga para atornillarse en sus puestos?
Si no avanzan con esas dos reformas claves, quizás los propios verdugos terminen acompañando a Boluarte – más temprano que tarde – en el corredor de la muerte. El blindaje a Merino que están promoviendo en paralelo, o la insistencia de la contrarreforma universitaria podrían terminar siendo las chispas que enciendan la indignación de la gente. No digan que no se les advirtió.
Imagen: Composición de PUNTO MEDIO. Foto original de Pat Sulivan AP. Tomada de https://www.nbcnews.com/politics/supreme-court/supreme-court-wont-hear-appeal-texas-death-row-inmate-rcna33284 . Dina Boluarte: TV Perú. Debate electoral.
