Por Ricardo Gálvez del Bosque
Nos hemos acostumbrado – maldita nueva normalidad – a que nuestros presidentes estén en problemas legales por delitos asociados a la corrupción. Desde el regreso de la democracia, solos los dos que no fueron elegidos y que lideraron un Gobierno transitorio han sido los únicos que se han salvado de este terrible estigma peruano. Sin embargo, es la primera vez que un Presidente es investigado mientras se encuentra en funciones.
La Constitución protege al Presidente contra cualquier acusación. Ese hecho hizo que los Fiscales de la Nación sucesivos interpretaran que no se les puede investigar porque dicho proceso debería terminar en una acusación. Sin embargo, Zoraida Ávalos dio un pequeño paso más y anunció la investigación de Vizcarra – mientras éste era Presidente – suspendiendo todos los actos hasta que termine su mandato. Es decir, abrió la carpeta de investigación, pero dejó todo en suspenso para después. Digámoslo claro, ivermectina para el COVID.
Pablo Sánchez, ha ido un paso más allá. Dada la contundencia de las revelaciones que van saliendo a la luz, ha decidido investigar a Pedro Castillo. Las evidencias de que éste estaría comprometido en una miserable red de corrupción abundan, y para resguardar que las pruebas no sean eliminadas o los testigos sean amedrentados, ha decidido empezar a realizar diligencias investigatorias que incluyen a Castillo y a su entorno cercano. Contundente.
Benji Espinoza, abogado del Presidente, ha salido a decir que irán a los tribunales para que se anule la resolución del Fiscal, ya que según él “por su cargo tiene el derecho a no ser investigado, acusado, ni enjuiciado mientras dure su mandato”. ¿Ah sí? Es decir, ¿el Presidente puede corromper todo el aparato estatal para su beneficio y tenemos que mirarlo comiendo canchita y aplaudiendo? El letrado toma en cuenta el artículo 117 de la Constitución que indica que el Presidente “sólo puede ser acusado por” y que continúa mostrando los únicos hechos que están incluidos. ¿En qué parte de la Constitución se dice que no puede ser investigado? En ninguna, pues.
Será bien difícil que la izquierda pretenda justificarse lanzándole al Fiscal Pablo Sánchez el mote de fujimorista o golpista. Hacer eso sería tapar el sol con un sombrero chotano. Es que cada día salen a la luz más evidencias de que el Presidente habría metido uñas y garras en todo el aparato estatal, con la complicidad de sobrinos, delincuentes y allegados. Es responsabilidad del Fiscal de la Nación perseguir el delito, y si lo está cometiendo Castillo, ¡piña!
Ironías de la vida. El electorado peruano se manifestó en las últimas Elecciones rechazando que una banda criminal llegue al poder, y al final habríamos terminado con una banda de raqueteros, que para colmo son ineptos y destruyen lo poco que ha avanzado el país. Urge encontrar dónde está la izquierda crítica que decía que no tranzaba con la corrupción y mucho menos con una organización criminal. ¿Están sin megas? Si los ven, nos avisan.
Tener a un Presidente investigado en funciones resulta bastante escandaloso, y pronto debería llegar la hora que por dignidad lo rechacemos con contundencia. Porque, ¿de eso se trataba no? De la dignidad del país. No dejemos que las constantes denuncias sobre ministros con prontuarios nos nublen la visión, nos haga banalizar el mal, y terminemos aceptando esta situación por cansancio e indiferencia.
Foto: Fuente ANDINA. Composición propia de Punto Medio.
