Por Gabriel Moreno Alcántara
En una semana que estuvo cargada de temas políticos, incluyendo la votación por la admisibilidad de la vacancia presidencial, interpelaciones ministeriales y un mensaje del presidente de la República en el Congreso, en donde se hizo un repaso de los avances del gobierno hasta la fecha, llegó una noticia inesperada. El miércoles pasado corrió la noticia que el TC había incluido en la agenda del día siguiente el voto del habeas corpus interpuesto por un ciudadano que exigía la nulidad de la anulación del indulto humanitario que recibió Fujimori por la gracia presidencial del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí, la figura que buscaba el habeas corpus suena compleja, pero es la síntesis de la causa. Como mucho previmos al evaluar el comportamiento y las tendencias de los 6 magistrados que quedan en funciones (el tribuno Carlos Ramos falleció en el 2021), la votación iba a estar inclinada gracias al voto dirimente del presidente del TC, Augusto Ferrero, en favor de Alberto Fujimori. Dicho y hecho, el ala más progresista (Ledesma & Espinosa-Saldaña) + el tribuno “de centro” (Miranda) votaron contra el habeas corpus, mientras que el ala conservadora del TC (Blume, Sardón y Ferrero) optaron por aceptar la medida. 3-3 en votos nominales; dirimiendo Ferrero por ser presidente, 4-3 en favor del habeas corpus; ergo, Fujimori indultado.
Como se esperaba, simpatizantes y detractores del expresidente no tardaron mucho en expresar sus comentarios y críticas a través de la prensa y las redes. Los deudos de las personas asesinadas en Barrios Altos y La Cantuta lamentaron la decisión y adelantaron que tomarían todas las medidas legales pertinentes ante la CiDH. Los fujimoristas, como no podía ser de otra manera, celebraron por todo lo ancho. La oposición a dicho régimen coordinó marchas desde el mismo jueves por las calles del centro de Lima y en varias ciudades del interior del país para expresar su condena a la futura liberación de Alberto Kenya, con mensajes diversos como “Indulto es Insulto” y “Por Justicia y Dignidad, Fujimori Nunca Más”.
Como no podía ser de otra manera, es un tema bastante polémico y serán los juristas y abogados quienes evalúen la legalidad de la medida, nunca olvidando que Perú, al estar adscrito al Pacto de San José, la CiDH es la instancia supranacional de obtención de justicia y todo fallo que allí se emita sobre algún caso del Perú, debe ser evaluado y acatado dentro del país. Así es, señores…se debe acatar porque es parte del pacto y así muchxs estemos a favor o en contra de la resolución del TC, lo que decida la Corte, tendrá que aplicarse en el país. Ya ocurrió en el 2018 y no será ajeno el caso en el 2022 presente. No olvidemos el detalle que actualmente la CiDH se encuentra supervisando el cumplimiento de sus resoluciones en diversos casos de la región, por lo que el caso de Alberto Fujimori vs. El Estado Peruano no será ajeno al mismo. Se prevé que se revise ella en los primeros días del mes de abril.
Ahora bien, vayamos más allá de la noticia ya conocida. ¿No resulta bastante peculiar que se dé súbitamente este fallo del TC ad-portas a la votación de una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo? Seamos sagaces y acertaremos, sin duda que sí. Más aun cuando desde el Congreso misteriosamente retrocedieron con la moción de censura inminente contra el ministro Hernán Condori del MINSA. Renovación Popular, bancada que lidera Jorge Montoya, retiró la moción a pedido de Waldemar Cerrón, tras sugerir que si Fuerza Popular había presentado un pedido de interpelación a dicho ministro sería mucho mejor seguir el procedimiento típico a que censurar sin oír la defensa de Condori. ¿Perdón? Montoya aceptó la medida y lo que es peor, tras la interpelación a Condori, le otorgó un plazo de 30 días…30…para verificar y revisar las evidencias que presentó el ministro ante el Pleno. Pocos entendidos el porqué de la condescendencia con un ministro que vendía “agüita arracimada” y que no da la talla para estar ni un minuto más en el sillón del Ministerio de Salud.
Si bien vimos a un premier y varios ministros indignados por el fallo del TC, la postura del Ejecutivo ha estado bastante tibia hasta el momento. ¿Moverán un dedo a sabiendas que están a casi 11 votos de lograr vacar al presidente Castillo? Podemos concluir que tome o no tome la medida, Castillo no tendría el apoyo de las 3 bancadas de derecha conservadora (FP, RP & AvP). Asimismo, saben también que las 3 bancadas oficialistas apoyarán al presidente sin importar qué: PL, JPP & PD. Los Morados están en contra del presidente, pero no creen que la vacancia por incapacidad moral sea la mejor salida, por lo que podrían abstenerse. PP (Podemos Perú) dejó de ser bancada con la renuncia de Carlos Anderson, quien fue el único que votó por la admisibilidad de la moción de vacancia. Ojo con esos 4 votos restantes que podrían ir en apoyo del presidente. Pedro Castillo y su gobierno temen por las 2 bancadas de centro: la lampa y la ‘A’ de Acuña. Sentar posición en contra del indulto de Fujimori podría generar el rechazo de varios congresistas de esas 2 bancadas y lógicamente no piensan jugar al reto. ¿Esperarían que se vote la moción para luego sentar postura? Podría ser. No olvidemos que el viernes renunció el ministro MINJUS Ángel Yldefonso alegando que su decisión era en favor de la gobernabilidad, pero ¿quién es su reemplazo? Nada menos que Félix Chero, persona cercana al viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, y quien venía asesorando al gobierno en las medidas a tomar en el caso de la “resurrección” del indulto humanitario otorgado por PPK en favor de Fujimori. Suena, sin duda, a que sería quien guíe una futura postura en contra del fallo ante la CiDH, pero si algo hemos aprendido en estos casi 9 meses del gobierno de Pedro Castillo es no asumir medidas correctas hasta que se puedan ver.
Lo que debemos tener claro es que, así estemos a favor o en contra de la inminente liberación del expresidente Alberto Fujimori, el Estado Peruano dirigido actualmente por el gobierno de Pedro Castillo no puede abdicar a su libre derecho pedir una revisión supranacional de la medida. Los fallos del TC son inapelables dentro del territorio peruano, lo sabemos, pero existe esta última instancia internacional que sirve como garante imparcial de justicia. Lo que sí deseo aterrizar a manera de opinión personal es que el Congreso debería debatir prontamente un PL que indique que sentenciadxs mayores de 80 años con problemas serios de salud y/o que hayan cumplido más del 50% de la pena impuesta, puedan culminar la misma en arresto domiciliario, rodeado de sus familiares, pero sin olvidar que son culpables de un delito. Un indulto borra la pena y a Alberto Fujimori le faltan 10 años, ¡más respeto por las víctimas y deudos!
Imagen de: https://goo.gl/zJEGwh
