En el Perú estamos tan acostumbrados a que los grandes proyectos para el país nunca se ejecuten, o que cuando se puedan iniciar queden sin terminar, demoren excesivo tiempo o que en el ínterin estalle un escándalo de corrupción en la negociación del presupuesto. Por causa de estos hechos ya vistos, desconfiamos lxs peruanxs muchísimo de grandes reformas que algunos políticos prometen emprender.
En esta ocasión, la reforma del transporte está intentando ser vulnerada y paradójicamente “atropellada” por las propias autoridades que deberían defenderla férreamente. La semana que pasó saltó la noticia que el ministro MTC, Juan Silva, había sostenido una reunión junto a otros ministros con los líderes del gremio de transportistas a nivel nacional tratando de buscar una solución negociada en aras de frenar el paro general que amenazaban con realizar el 8 de noviembre (ver referencia: aquí). La noticia no causaría tanto revuelo porque aparentemente sí se logró evitar el paro, pero lo que ha generado mucho ruido político son los temas y condiciones que se pusieron sobre la mesa.
El gremio pidió la inmediata salida de las cabezas de SUTRAN y ATU, respectivamente. Para ellos, ambas gestoras iban contra sus intereses particulares (esto porque eran defensoras de la reforma emprendida). Asimismo, pidieron incluir al transporte urbano como beneficiario de la devolución del ISC (lo que conllevaría a reducir ingresos estatales) y también incluir al diésel en el fondo de estabilización del combustible. Por último, se supo que, desde el MTC, se les prometió extender por 10 años las rutas de combis, buses y cústeres. Simplemente, ¡de escándalo! Pues bien, lograron que la funcionaria y superintendenta de SUTRAN, Patricia Cama, sea retirada de su cargo sin aviso o comunicado directo. De la manera más fría y malcriada, se enteró por la resolución publicada en el diario oficial El Peruano. En el caso de la jefa de la ATU, su remoción no es tan sencilla dado que, por ley misma de esta entidad, no existe la causal de despido como motivación de vacancia o remoción del cargo. Por otro lado, a la fecha no se conoce bien si se llegaron a presentar los acuerdos del ISC y el diésel ante el MEF y demás autoridades pertinentes.
El hecho que sí queda claro es que el ministro de transportes y comunicaciones ha negociado una contrarreforma vergonzosa al transporte en todo el país con tal de evitar un paro general que pueda poner su puesto y sueldo en juego, pudiendo provocar una crisis adicional a las que ya vivimos en el día a día. Sin embargo, la manera de negociar con este gremio ha sido nefasta, ¿ahora cómo revertirá lo acordado sabiendo que es perjudicial? Si llegan a truncar lo pactado, el gremio reclamará airadamente con un inevitable paro que pondría en jaque al ministro, por lo que podemos concluir que su permanencia en el MTC es insostenible.
Ahora bien, el ministro Silva ha sido citado a la comisión de transporte del Congreso a fin de aclarar todo lo negociado con los agremiados, pese a que ya se ha corrido el rumor que su interpelación y futura censura serían inminentes. No obstante, son procesos que pueden tomar en conjunto unas 3 o 4 semanas, en el mejor de los casos. Este tiempo es excesivo ahora que conocemos cuán contraproducente puede ser mantener a un ministro que petardea los pocos avances que este país logra para reorganizar temas urbanos clave. ¿El presidente Pedro Castillo junto su premier Mirtha Vásquez conseguirán entrar en razón que un ministro así no necesitamos? Por el respeto al proyecto que ATU y SUTRAN lideran, así debería darse, pero es incierto.
Esperemos que en los próximos días puedan revertirse y aclararse los acuerdos a tomar. El gremio de transportistas y las autoridades del gobierno deberían volver a reunirse para negociar con mayor sensatez el caso. ¡Basta ya de burlas! El Perú merece un sistema de transporte unificado, moderno y seguro. Un país que aspira a ser desarrollado no puede prescindir de modalidades óptimas de transporte por el bien de la ciudadanía en su conjunto.
Foto: MTC
