Para nadie es novedad que el desempleo ha aumentado producto de la crisis que hemos vivido, y aún persiste, originada por la pandemia. A esta crisis se suma la incertidumbre que hace que la inversión sea menor o se paralice en cierto grado, y el empleo está directamente correlacionado con esta variable. Es decir, estamos en una situación delicada.
Cuando el Estado obligó a las personas y a las empresas paralizar sus actividades durante las primeras olas de la pandemia y exigió una cuarentena rígida, la mayoría de empresarios se encontraron en una lamentable disyuntiva: ¿Qué hacemos con nuestros empleados? ¿Cómo pagamos la planilla sin tener ingresos? ¿Cómo mantenemos el vínculo laboral si no tenemos cómo pagarles? Es cierto, algunas empresas tuvieron mayor espalda financiera que otras para poder resistir la cuarentena rígida. Sin embargo, la situación era (y en algunos casos sigue siendo) bastante crítica.
La situación de las empresas y sus trabajadores
¿Cómo es que quiebra una empresa? Algunos pensarán que, si el Estado de Ganancias y Pérdidas arroja utilidades al final del ejercicio, pues todo estaría bien. Desmitifiquemos eso, por favor. Una empresa termina quebrando cuando no tiene cómo pagar sus obligaciones, cuando no tiene liquidez, cuando no puede cubrir sus costos fijos, cuando no tiene flujo de caja positivo. Entonces, al no tener ingresos (o verlos absolutamente disminuidos por la coyuntura dramática), ¿cómo hacen dichos negocios para pagar sus obligaciones? Ahí el Gobierno pensó en algunas políticas de estímulos y préstamos (Reactiva) que ayudaron a que las empresas puedan cubrir algunos costos fijos y no se rompa la cadena de pago.
Pero, ¿qué pasa con la empresa que, por disposición del Gobierno, se ve obligada a cerrar temporalmente u ofrecer sus servicios con una capacidad mínima? ¿Qué sucede con los empleados formales que tiene contratados y que no tendrán actividad por un tiempo indeterminado? Ante esta situación, el Gobierno emitió el 14 de abril del 2020 el Decreto de Urgencia 038-2020 que permitió que muchas empresas pudieran acogerse con mayor simplicidad a la figura de la Suspensión Perfecta de Labores (SPL), que en buen cristiano significa que el trabajador dejará de prestar sus servicios y el empleador dejará de pagarle su sueldo mientras dure la figura. Esto se hizo para que las empresas no se vean en la necesidad de despedir a personal por no requerir sus servicios momentáneamente y/o por no contar con ingresos que permitan que se les pueda pagar sus remuneraciones.
¿Es esta una situación feliz? No. No lo es. Y no lo es ni para el trabajador ni para el empresario. Ningún empresario busca intencionalmente reducir su negocio, o dejar de vender, o perder empleados y clientes. Y lógicamente, un empleado no busca perder su trabajo y quedarse sin remuneración. Sin embargo, existían objetivos mayores: necesitamos que no existan despidos, que no perdamos el vínculo laboral de dichos empleos formales, y que las empresas no quiebren. Porque, de quebrar las empresas durante la cuarentena rígida, no habría ni empresa ni empleo a dónde regresar.
La suspensión perfecta no es, como hemos escuchado decir a algunos políticos de Juntos por el Perú, un “despido disfrazado”. Más bien, es una herramienta para no llegar al despido y poder reservar ese puesto de trabajo para que el empleado pueda volver a sus actividades cuando éstas se reanuden. Claramente no es una situación ideal, ni es algo que se busca promover.
Veamos el nuevo proyecto que se ha presentado
La segunda semana de agosto, la congresista de Juntos por el Perú (bancada aliada al gobierno) Sigrid Bazán, presentó un proyecto de ley que deroga el DU 038-2020. Dicho decreto le daba fecha de caducidad a la SPL (2 de octubre del 2021) pudiendo prorrogarse por decisión del Ejecutivo. Según este proyecto de ley, algunas empresas habrían hecho un “uso indiscriminado” de la medida. Ahí vienen las primeras preguntas, ¿cómo sabe eso la congresista? ¿qué evidencias tiene? ¿qué ganaba la empresa haciendo “uso indiscriminado” de la SPL?
Si seguimos leyendo el Proyecto de Ley 008-2021, las explicaciones y lógicas se ponen bastante extrañas: se señalan números de empresas que accedieron a préstamos de Reactiva y que suspendieron a trabajadores. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Por poner un ejemplo simple, ¿qué pasa si tengo un bar y no lo puedo abrir? ¿por recibir Reactiva para no romper la cadena de pagos, cumplir con los costos fijos que evitan que me desalojen, bajo qué figura tendría que tener a los meseros que tengo contratados? ¿Esa es la razón por la cual llaman a la figura como “despido disfrazado”?
Pues, para mí eso no resiste ninguna lógica. He tratado de buscarle muchos ángulos para poder entender cómo alguien puede pensar una cosa así. Veamos, si la empresa que no puede abrir y operar con normalidad no puede pagar sueldos, sin la figura de la Suspensión Perfecta, ¿qué tendría que hacer con sus empleados? ¿qué preferimos que haga? ¿Que les pague sus liquidaciones y los despida? Porque, vamos, no creo que lo que la congresista Bazán esté buscando es que los indemnicen por despido arbitrario, ¿no? Porque quizás debería saber que las empresas podrían acogerse a la figura de despido por reducción de personal y con eso se pierde el vínculo laboral sin la necesidad de pagar una indemnización (lógicamente sabemos que hay requisitos para acogerse a esa figura).
Entiendo que la intención de la congresista Bazán puede ser muy loable. Efectivamente, pareciera querer buscar beneficiar a los trabajadores. Sin embargo, para lograr ese efecto hubiera sido bastante positivo que hicieran una mejor tarea al presentar el proyecto haciendo un buen análisis costo beneficio. El Congreso le otorga a cada parlamentario los medios, recursos y personal necesarios para que puedan realizar un buen análisis sobre el impacto que tendría el proyecto. Creo que, ofrecernos 3 párrafos poco aterrizados en esa parte de su propuesta son una falta de respeto hacia los empleados que dice querer defender en su proyecto. Y es que dicho proyecto, lamentablemente, no beneficia en nada a los empleados suspendidos. Más bien, los pone en una situación de vulnerabilidad mayor. Es decir, trae como resultado lo opuesto al objetivo que se propone.
No deberíamos entrar al debate respondiendo a arengas básicas como las de “¿te parece bien, entonces, que una persona se quede sin sueldo X meses?”. No, pues. ¿Cómo nos puede parecer bien eso? Con esta figura no tendrá sueldo mientras no trabaje en la empresa, porque lamentablemente su puesto de trabajo no es viable temporalmente. Desgraciadamente, el trabajador tendrá que buscar otro trabajo temporal para poder subsistir en el tiempo en el que su puesto ha dejado de tener actividad. Y aquí, quizás el Estado debería buscar soluciones que compensen esta situación. Como lo mencionamos, no es un escenario feliz en lo absoluto. Para nadie.
Quiero dejar por sentado de que, la crítica viene porque su proyecto lo considero deficiente. Creo que sí hay que revisar y debatir sobre otras opciones que puedan solucionar esta situación dura para los trabajadores (¿subsidio para los suspendidos? ¿liberación de fondos de CTS para los afectados?). Por último, no se logra entender cómo un proyecto como este sea tan promocionado por la congresista, sabiendo que estamos a un mes de que se elimine el plazo del Decreto 038-2020.
Finalmente, nuestra preocupación viene porque los congresistas se aboquen a hacer un buen trabajo. Que no nos ofrezcan proyectos de ley incompletos o sin sustentos, que no intenten usar los medios para vendernos la idea de que están haciendo algo para los trabajadores cuando no es cierto. Queremos representantes que trabajen para el bienestar de todos, que armen bien sus propuestas, que busquen el debate y no se victimicen ante la crítica válida, y que nos ofrezcan soluciones de verdad.
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