Por Gabriela Tejada Dapello*
En estos días se han dado a conocer los testimonios de quien dejó sin sillón a la Fiscal de la Nación, su propia mano derecha, el ya famoso Jaime Villanueva, colaborador eficaz y testigo.
Pocos se deben haber sorprendido al enterarse de los presuntos contubernios y componendas que se habrían dado entre cuestionados congresistas y políticos y la suspendida fiscal Benavides a través de este señor. Sucios arreglos, trueques bajo la mesa, “doy para que des”, “hago para que hagas”, con protagonistas como Keiko desde las altas esferas, Moyano, Chirinos, Soto, Balcázar y otros más que vamos identificando (como Luque y Cerrón).
Esperamos que el Fiscal Villena accione de acuerdo con sus facultades, e inicie investigaciones serias para llegar a las conclusiones debidas en cada uno de estos casos, y a las acusaciones a las que hubiera lugar por los delitos que se imputen, que aparentemente son abundantes.
Pero, por otro lado, Villanueva hace revelaciones bastante graves respecto del Equipo Lava Jato y su principal fuente de información, el periodista Gustavo Gorriti, de IDL. Aseveraciones que creemos no pueden ni deben soslayarse.
Si lo que dice Villanueva es cierto, no es poca cosa. Estaríamos ante un aparente “gestor” dentro del Ministerio Público que no solo brindaría y recibiría información reservada respecto de los casos que maneja tal equipo, sino que habría cruzado un límite al direccionar, gestionar y dirigir actuaciones fiscales para los cuales no está claramente facultado. Entendemos la labor de un periodista de investigación, pero como en toda labor hay límites que no pueden ser vulnerados.
Suena, entonces, la alarma por el caso de Keiko Fujimori, cuyo juicio oral inicia en breve. Con las solas declaraciones estamos ante la gran posibilidad de que el propio Ministerio Público aparte a los fiscales Pérez y Vela del caso (ya la JNJ inicio una investigación preliminar), y si se corroboran cabe la posibilidad de que se anule todo lo actuado, pues este accionar, de haberse dado, choca con el debido proceso como garantía constitucional.
Como es de verse, consecuencias muy graves podrían generarse, e irónicamente todo un largo y abultado trabajo podría caerse, más allá del tema penal que afectaría a cada protagonista, por lo que creemos que no es serio ni correcto cerrar filas en torno a alguno de ellos. Resulta imperativo ser responsable y exigir investigaciones transparentes para saber por fin la verdad, caiga quien caiga.
*Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima. Se graduó en el año 1991 con la Tesis “Las Comunidades Laborales en las empresas peruanas. La Comunidad Laboral Minera y sus alcances en la actividad económica”. Independiente, liberal, anticorrupción y defensora del buen gobierno.
Imagen: Fuente Poder Judicial
