Por Gabriel Moreno Alcántara
En las últimas semanas, se ha conocido hasta 4 casos de congresistas, todas mujeres en este caso, que habrían caído en el delito de concusión. En otras palabras, congresistas que le habrían pedido a sus trabajadores de confianza en el parlamento que le den un porcentaje de sus sueldos. Se tratan de Magaly Ruíz y Rosio Torres de APP, Katy Ugarte y Heidy Juárez, actualmente no agrupadas. Pero estos no son los primeros casos en la historia del Congreso; en anteriores periodos congresales, casos como del congresista Michael Urtecho sonaron fuertemente debido al abuso y violación flagrante a la ley. No obstante su desafuero en 2013, el juicio en sala judicial continúa hasta el día de hoy.
Si bien es cierto que en la actualidad hay cada vez más trabajadores que no se dejan ‘pisotear’ por sus jefes y denuncias los abusos laborales de los que son víctimas, sorprende con qué atrevimiento funcionarios públicos caen en delitos como este. Un congresista y cualquier funcionario público que recibe remuneraciones en gran parte gracias a los tributos que la ciudadanía paga debería ser un modelo ante la sociedad, cumplir a cabalidad con sus funciones y rendir cuentas de los avances en proyectos o sustentos de cómo se viene invirtiendo el capital o los fondos con los que cuentan. En otros escándalos parlamentarios, ya hemos visto casos de congresistas que cobran el bono de representación y no cumplen con dicha función, que piden pasajes aéreos para temas personales o que falsifican o no presentan informes de representación en sus cuentas públicas,
Ahora bien, estos casos deben sin duda investigarse en paralelo entre el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación. En primera instancia, el parlamento debe investigar si ha existido una falta ética para que sea sancionado, mientras que el Ministerio Público debe analizar si presenta una acusación o no contra las 4 congresistas actuales que habrían cometido el delito de concusión. Acusarlas permitiría que se inicie un proceso en la subcomisión de acusaciones constitucionales que busque permitir sus procesamientos ante el Poder Judicial y sus eventuales suspensiones del cargo congresal, que en la práctica funge como un desafuero definitivo.
Aun cuando las sanciones en ambos fueros deberían proceder, en sede parlamentaria siempre corre el riesgo que por la fuerza de los votos y por negociaciones ocultas, se logren bloquear las sanciones que se definan, aun cuando el caso tenga pruebas fuertes. El blindaje bajo el lema de “Otorongo no come Otorongo” siempre se encuentra presente, triste pero cierto…
Al día de hoy son ya 4 casos de congresistas que han jurado al cargo por vacancia al curul o por suspensiones parlamentarias: Nieves Limachi por el fallecimiento del congresista tacneño Fernando Herrera, Nelcy Heidinger de Pasco por el inhabilitado Freddy Díaz, José Bernando Pazo de Piura tras la vacancia de Wilmar Elera, y el más reciente caso: Isaac Mita por Tacna en reemplazo de la suspendida Betssy Chávez. Confiamos en aras de la justicia que si las 4 congresistas con investigaciones abiertas resultan culpables o con las pruebas suficientes para suponer que lo son, corran con la misma suerte.
Imagen tomada de https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/un-delito-a-tomar-en-cuenta-cuando-se-contratan-funcionarios-publicos-el-enriquecimiento-ilicito/
