Por Gabriel Moreno Alcántara
Un escándalo de magnitudes dantescas se ha destapado durante la madrugada del día de hoy. Chats entre el asesor de la fiscal de la nación, de nombre Jaime Villanueva, sostenidos con un congresista aún no identificado revelarían los pactos y arreglos que habrían sostenido ambos poderes con la finalidad de lograr intereses particulares. La inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos, la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y el intento por destituir a magistrados de la Junta Nacional de Justicia fueron los principales temas que se negociaron. ¿Qué se habría pedido a cambio? La exoneración de vari@s congresistas de las carpetas fiscales que tenían hasta ese entonces.
Y aunque Patricia Benavides, fiscal de la nación, intente deslindar de responsabilidades destituyendo a la fiscal Marita Barreto de madrugada, despidiendo al asesor en cuestión raudamente y dando mensajes institucionales, ello no la libró que la Fiscalía Anticorrupción obtuviese el aval judicial para allanar la vivienda de Villanueva e iniciar diligencias en la investigación. Asimismo, en un acto al parecer desesperado hoy mismo Benavides lanzó una denuncia constitucional contra Boluarte, Otárola y exministros de aquella época por las muertes durante las protestas de inicios de año. Todo esto en un mismo día. Indignaciones ciudadanas, de la prensa, desde instituciones autónomas y de congresistas no se dejaron esperar. Por la tarde, la presidenta Boluarte daría un mensaje a la nación donde rechazaría la acusación presentada por Benavides y marcaría distancia de la FN, en una clara señal de haberla dejado sola en este trance.
A estas alturas es inadmisible que la más alta autoridad de la entidad fiscal esté implicada en actos de plena corrupción, donde se ofrecerían favores y prebendas con tal que Benavides obtuviese los resultados que más le favorecían para seguir sólida en el asiento del Ministerio Público. La JNJ no puede tardar tanto tiempo para tomar una decisión contundente al respecto. Patricia Benavides debe ser suspendida mientras dure la investigación en sede de la JNJ y en sede congresal. Asimismo, el Congreso debe tomar una buena decisión por primera vez desde que asumieron gestión y defender el honor de dicho poder estatal investigando rápidamente los graves hechos ocurridos. Una acusación constitucional también debería correr en fueron congresales. En cualquiera de los caminos, Patricia Benavides debe ser destituida si no piensa renunciar por decoro.
Ahora es cuándo veremos si los grupos políticos y sectores de la prensa que defendieron desde que Benavides asumió funciones, aun cuando había removido a la fiscal que investigaba los delicados casos de la hermana de Benavides en clara señal de obstrucción, continúan con dicha defensa. Debe quedar muy bien definida la línea entre defender a personas afines a la línea política y hacerse de la vista gorda ante ellos graves de corrupción.
Imagen: Fiscalía de la Nación (captura de pantalla)
