Por Ricardo Gálvez del Bosque
Esta semana se publicó una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anulaba todo lo actuado por la Comisión del Congreso que pretendió probar que existió un fraude electoral en los comicios del 2021. Ante la noticia, algunos celebraban que – al fin – alguien le enmendaba la plana al ala autoritaria (y mayoritaria) del Congreso. Pero no.
No se confundan festejando este súbito arrebato de sensatez del TC. El fondo del asunto no fue el motivo de la anulación de lo actuado. Simplemente, se han manifestado en contra de los atropellos que se cometieron al instalar la Comisión de manera autoritaria y “obviando” el retiro de un voto clave para su formación.
Y es que se necesitaban 46 votos para conformar dicho grupo de trabajo, y el arrepentimiento de uno de “Los Niños” debió cambiar el panorama, pero se decidió omitir este hecho y seguir para adelante. Bueno, pues, con ese vicio de origen, los cazafantasmas del fraudismo tienen como resultado una sentencia que declara nulo todo lo actuado.
Eso sí, los 200 mil soles gastados en vano nadie los devolverá, y nadie se hará responsable por eso. Eso lo pagaremos todos los peruanos, de nuestros bolsillos.
Y, como el diablo está en los detalles, hay que aclarar que lo que ha hecho el TC con esta sentencia es darles más herramientas al Congreso para arrinconar a los organismos electoralmente autónomos. ¿Cómo? ¿No anuló todo lo actuado? Sí. Pero solo por las formas. Pero en el camino, dio luces sobre otras iniciativas y el apoyo que les darían.
“Una cosa es que no se puedan ni se deban invadir las competencias o los fueros de cada poder público y otra, completamente distinta, pretender que ciertos órganos constitucionales son zonas donde el control político no funciona o queda simplemente prohibido (…) Así, entonces, queda claro que el Congreso de la República está habilitado constitucionalmente, dentro de sus competencias, para el ejercicio del control político, que comprende, a su vez, el inicio de investigaciones sobre cualquier asunto de interés público” (los subrayados son nuestros)
La triste realidad es que este Congreso estaría habilitado para hacer lo que le salga de las narices. En la práctica, el TC ha vuelto a avalar, sin ningún reparo, cualquier ataque que planifiquen sobre el JNE y la ONPE.
Por tanto, que en un tema absurdo e irrelevante le hayan dado la contra, nos suena a estrategia distractora. Ya en una sentencia les dieron luz verde a las intenciones autoritarias que pretenden subordinar organismos constitucionalmente autónomos como la ONPE y el JNE. Con esta nueva sentencia, le están agregando más fudge al helado.
En cuanto a la nulidad de los resultados de dicha comisión, la decisión del TC – en términos prácticos – es absolutamente irrelevante. Dicho grupo de trabajo no llegó a ninguna conclusión sustentada en pruebas, jamás se probó el fraude inexistente que tanto cacareaba un sector.
No nos distraigamos con este golpe fingido hacia el Congreso. Más parece un: “Te voy a dar un palmazo sobre algo que ya no interesa y es irrelevante. Tu finge que te molesta, y así los incautos no se fijarán los pasos certeros que estamos dando para copar el sistema electoral”.
Imagen: Página Institucional del TC
