Por Ricardo Gálvez del Bosque
El día de ayer, La República sacó una noticia (ver aquí ) que pinta de cuerpo entero al nuevo Presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP). ¿Qué nueva perla se le descubrió al titular del Legislativo?
Retrocedamos un poco hasta mayo de este año. Ese mes, el Congreso de la República, por mayoría y con el voto del mismo Alejandro Soto, aprobó la Ley 31751. Dicha norma acortaba a un año el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal para procesos penales. En cristiano, con su aprobación, el período para que prescriban los delitos se reducía.
¿Se acuerdan que, cuando se aprobó ese cuestionado proceso, todos nos preguntábamos a quiénes pretendían beneficiar con esa iniciativa? Las cejas de muchos se levantaron, se especuló sobre ciertos casos emblemáticos, en fin. Era difícil aterrizarlo en personas con nombres y apellidos. Bueno, pues, ya se tiene identificado a un primer gran beneficiado: Alejandro Soto.
El legislador tenía dos denuncias penales por los delitos de estafa y falsedad genérica que estaban por resolverse en el Poder Judicial. Por dichos casos, la fiscalía había solicitado 8 años y 8 meses de prisión para el hoy Presidente del Congreso. Semanas después de la publicación de la milagrosa nueva ley – ¡oh, qué dichosa maravilla! – el juez declaró la prescripción de ambos casos gracias a la nueva norma. ¡Ampay me salvo!
¡Qué suerte! ¿No? ¿Sabrá el congresista lo que significa “conflicto de intereses”? Bueno, si sabe la definición, poco le importó porque votó a favor de una ley que lo beneficiaba de manera personal y directa. Ni siquiera guardó las formas y se abstuvo en la votación. Y es que el descaro parece ser moneda corriente en el Congreso.
¿Qué pasará con esta denuncia? Nada. Así es. A pesar de lo escandaloso, no es difícil presumir que en el Congreso no se hará nada al respecto. Lo máximo será que le den vuelta al tema en la coladera de la Comisión de Ética, la harán larga y luego quedará en el olvido. Y listo. Caso cerrado.
¿Por qué nuestro pesimismo? Pues, a las pruebas nos remitimos. ¿Cuánto demoraron en reaccionar cuando se denunció a un parlamentario por haber violado a su trabajadora en instalaciones del Congreso? ¿Qué sanción tienen “Los Niños”, que ahora encima tienen el atrevimiento de pretender reinstaurar la inmunidad parlamentaria? ¿Qué sanción se les ha aplicado a los congresistas que habrían incurrido en delitos al robarle el sueldo a sus empleados? Entonces, ¿por qué esperaríamos algo diferente?
Esta nueva denuncia es una raya negra más al tigre que ahora parece un puma. ¿Qué tendría que pasar para que los congresistas decidan sancionar y censurar a Alejandro Soto? ¿Un repentino arrebato de moralidad y ética? No. No nos confundamos. Tendría que darse una situación en la que su salida de la Mesa Directiva sea “conveniente”.
Es decir, si la mayoría parlamentaria encuentra a un personaje con el que puedan reemplazarlo (y éste está alineado a sus intereses), moverán sus fichas para censurarlo. Sin embargo, tenerlo con la soga al cuello ocupando la Presidencia del Congreso puede resultarle mucho más ventajoso para muchos de sus “aliados”. Y es que, el que debe mucho su permanencia en el puesto suele ser más agradecido.
Imagen: GEC. Tomada de https://elcomercio.pe/politica/congreso/alejandro-soto-nuevo-presidente-del-congreso-invoco-a-las-bancadas-salir-de-las-cifras-de-desaprobacion-mesa-directiva-congreso-de-la-republica-ultimas-noticia/
