Por Ricardo Gálvez del Bosque
Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú a raíz de las protestas que sucedieron a finales del año pasado y principios del corriente. Una vez se conoció y se expuso dicho documento, numerosas personas han alzado sus voces protestando, diciendo medias verdades y lanzando mentiras al respecto. Increíblemente, muchas de estas personas ni siquiera se han dignado a leerlo antes de opinar. Quizás sus sesgos, flojera y pensamientos radicales se los impide.
En este espacio queremos aclarar algunos puntos tras leer detenidamente el informe, exponiendo nuestro parecer al respecto.
- La CIDH reconoce que Pedro Castillo pretendió romper el orden constitucional con su anuncio de golpe de Estado, y recuerda que saludó la rápida reacción de nuestras instituciones para reestablecerlo. De igual manera, reconocen la sucesión constitucional que derivó de ese lamentable episodio. Esto lo señalan desde la primera página del documento.
- También reconocen que además de las protestas que se desencadenaron, sucedieron “hechos de violencia y vandalismo por fuera del derecho de protesta”. Prosiguen detallando cuáles serían, entre los que están la quema de edificios, saqueos, y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Eso no impide que también se tome en cuenta que se observó una fuerte estigmatización “por factores étnicos-raciales” y el ya famoso terruqueo. Por tanto, es falso que no reconocen la violencia que caracterizó a algunas manifestaciones (es más, a partir del punto 238 hay todo un apartado sobre el tema).
- La CIDH va más allá de evaluar la situación de los DD.HH. y pone en contexto la crisis que vive el Perú. Es contundente al señalar algunas bases constitucionales que nos han generado conflictos y que debieran ser reformados de alguna manera. En ese sentido destacan el mal diseño y uso de la vacancia presidencial, la disolución del Congreso y las acusaciones constitucionales. Tres instituciones que cuestionamos duramente desde este espacio.
- En el punto 41, la CIDH comete un error al afirmar que la disolución constitucional del Congreso tendría una aplicación subjetiva o arbitraria. Esto dado que desde que este Parlamento vació de contenido la “cuestión de confianza”, su aplicación para lograr la disolución del Congreso es prácticamente imposible.
- También se equivocan en el punto 47 al afirmar que parte de la confrontación entre el Congreso y el gobierno de Pedro Castillo se tradujo en negatorias de confianza a ministros. Esto no se dio, al punto que se mantuvieron incólumes diferentes titulares del PCM (como Bellido y Torres) a pesar de su paupérrima, conflictiva y negativa gestión.
- El punto 50 nos resulta bastante extraño. En él se comenta que las denuncias de corrupción que pesaban sobre Pedro Castillo no serían la únicas, dando la impresión de que se estaría relativizándolo frente a otras acusaciones contra otros funcionarios. Sin embargo, depende del ojo del lector interpretarlo de una u otra manera. Esto porque los hechos que mencionan si bien son ciertos, causan extrañeza en el contexto en el que se ponen.
- El informe le da duro a la corriente “fraudista” que surgió tras las elecciones del 2021. Acertando en sus apreciaciones, considera que dicho movimiento le hizo bastante daño a la democracia polarizando innecesariamente con teorías conspirativas falsas, generando desconfianza en las instituciones y desgastando la agenda política.
- El informe hace notar las claras intenciones de las bancadas radicales de derecha (sin mencionarlas de esa manera) de intentar copar los organismos electorales y la Defensoría del Pueblo. Estando de acuerdo con las apreciaciones vertidas, consideramos que quizás no era el momento ni la oportunidad para mencionar dichos temas, dado que el informe versaba sobre los DD.HH. tras las protestas. Sus recomendaciones al respecto, siendo sumamente positivas y de importante aplicación, creemos que no tenían lugar en un informe de este tipo.
- El punto 86 resulta vergonzoso para el Estado Peruano representado por el Gobierno de Dina Boluarte. En él se advierte que la versión del Estado era que existían infiltrados en las protestas, provenientes de grupos organizados al margen de la ley. Sin embargo, la CIDH aclara que no recibieron ni una sola prueba de parte del Gobierno peruano sobre dichas afirmaciones.
- Es falso que el informe no cuenta sobre las agresiones violentas que sufrieron las fuerzas del orden. Desde el punto 91 en adelante, relatan muchas de ellas con bastante detalle.
- Efectivamente, como es de público conocimiento tras la propalación de los videos en los que se ve cómo efectivos de las fuerzas del orden disparan al cuerpo de varias personas, la CIDH da cuenta de estos hechos y pide investigaciones y condenas para aquellos responsables. Denuncia que podrían ser ejecuciones extrajudiciales, y que podrían considerarse masacres, por lo que pide que la justicia sea célere en estos casos. ¿Por qué algunos se rasgan las vestiduras si las pruebas visuales indican que esto sucedió? ¿O todo fue una ilusión? Además, resaltan algo que es cierto, las fuerzas del orden no han actuado de manera uniforme ante iguales manifestaciones en distintas zonas del país.
- El punto 196, francamente, es vergonzoso para nuestro país. En él se demuestra la calidad de nuestros servicios de salud, mostrando la declaración del pariente de una víctima con un coágulo en la cabeza que requería operación. Siendo un procedimiento de emergencia, se esperó hasta el día siguiente en que el paciente perdió el habla para operar. Y sí, así funciona nuestro precario sistema de salud en el interior del país.
- La CIDH reconoce en varios puntos que es sumamente complicado enfrentarse a manifestaciones con rasgos violentos. Los describe como una gran “desafío”. Reconoce también que se presentaron esos casos en múltiples oportunidades. Sin embargo, defiende el derecho a la vida ante todo, promoviendo opciones de respuestas no letales, como es lógico. En ese sentido, promueve la “legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
- Estamos en desacuerdo con la forma en la que se redactó el punto 234. Lógicamente, ante una protesta debe primar el diálogo entre las partes como solución. Sin embargo, la redacción de este punto es bastante permisivo con las personas que bloquean carreteras y vías públicas (delito) atentando los derechos del resto de ciudadanos. En ese apartado hace un llamado a aquellos que cometan dichos delitos para que “no pongan en riesgo la vida de las demás personas y permitan la circulación de insumos, servicios y provisiones esenciales”. Poco más y les faltó el “por favorcito”.
- El informe llama la atención a la prensa por algunos sesgos a compartir información. Sin embargo, también hace responsables a diferentes líderes de opinión y políticos que emiten comunicados que exacerban la violencia. Entre ellos destacan el del propio Pedro Castillo buscando azuzar, y el de un presentador de Willax pidiendo que metan bala.
- Finalmente, creemos que ha sido desacertado que en el informe se usen afirmaciones inexactas en sus análisis económicos. Quizás éste ha sido uno de los mayores errores de la CIDH, al inmiscuirse tangencialmente en un tema del que, aparentemente, no tienen mayor conocimiento. Si bien destacan la escandalosa desigualdad económica entre nuestras regiones (cosa que es absolutamente real y condenable), la conexión lógica que hacen entre ésta y sus causas carece de mayor aporte científico y real.
Desde este espacio los invitamos a leer el informe para que no se dejen guiar por aquellos que acomodan los hechos según su conveniencia. Esperamos haber facilitado la comprensión de algunos puntos importantes de dicho documento.
Imagen: EFE. Tomada de https://gestion.pe/peru/cidh-dice-peru-es-responsable-por-torturas-policiales-contra-mujer-transgenero-noticia/
