Por Ricardo Gálvez del Bosque
Este lunes, El Comercio informó que la Procuraduría General del Estado (PGE) le está solicitando a la Fiscalía de la Nación que se amplíe la investigación contra Martín Vizcarra, alegando que el ex presidente habría cometido el presunto delito de cohecho activo internacional. Dicho delito tendría una pena de prisión efectiva no menor a cinco años, ni mayor de ocho.
La PGE indica haber encontrado indicios de que se “habría prometido de manera directa o indirecta a través de medios diplomáticos (funcionarios de la Embajada del Perú en China, funcionarios del Minsa y del Ministerio de Relaciones Exteriores), una posible ventaja o exclusividad” a la empresa china Sinopharm en la compra de vacunas contra la COVID-19.
Todos recordamos como, durante el Gobierno de Transición de Francisco Sagasti, nos estalló en la cara la escandalosa noticia de que Vizcarra y varios familiares suyos, así como diferentes funcionarios de su Gobierno, se habían colocado a escondidas las vacunas de Sinopharm. Mientras lo hacían, su gestión desastrosa de la pandemia dejaba a los peruanos sin acceso digno a un sistema de salud, muriendo como moscas ante la inoperancia del Ejecutivo.
Vale la pena recordar que, mientras el resto de países de la región estaba acelerando sus procesos de negociación para adquirir vacunas a los diversos laboratorios que se encontraban realizando ensayos clínicos, la gestión de Vizcarra y su ministra de Salud Pilar Mazzetti la hacían larga y no concretaban nada. Eso sí, para la platea prometían el oro y el moro.
Por las fechas en las que se vacunaban clandestinamente, escuchamos con extrañeza las declaraciones de Mazzetti en octubre del 2020, anunciando que el Perú no firmaría un convenio vinculante con AstraZeneca (ver aquí ) aduciendo el riesgo de que sus vacunas ocasionen mielitis transversa. Esto, luego de que públicamente y en medios internacionales se descartara científicamente dicho efecto adverso. Esa exquisitez en momentos de escasez y desesperación, fundamentada en noticias falsas y tendenciosas, aparentemente no habría sido gratuita. Extraña irresponsabilidad de una ministra médica.
Más adelante, la gestión de Sagasti se dio con la desagradable sorpresa de que no se había avanzado ninguna negociación con los laboratorios. Con estupor, nos encontramos ante la realidad de que la mayoría de países de la región tendrían vacunas meses antes que el Perú. Estábamos atrasados, y esto implicaba la muerte segura de miles de compatriotas. Si bien es cierto que la destitución de la que fue víctima pudo sido un factor importante para el retraso de las negociaciones, aún no queda del todo claro a qué estaban jugando los funcionarios del gobierno de Vizcarra.
Vizcarra, con un descaro asombroso, aún niega su vacunación. También recordamos a Mazzetti diciendo que se vacunaría cuando le toque su turno, habiéndose inoculado el fármaco meses antes. Así que, de mentirosos como ellos no esperamos nada. Solo nos queda esperar que, ojalá, el Ministerio Público tome cartas en el asunto y esclarezca esta situación. Y si hay responsabilidades penales, quizás en algún momento la DIROES tenga a un cuarteto de ex presidentes compartiendo el rancho.
¡Qué presidentes hemos tenido, eh!
Imagen tomada de https://www.vozdeamerica.com/a/america-latina_ministra-de-salud-de-peru-renuncia-tras-escandalo-por-vacunaci%C3%B3n-de-expresidente/6071576.html