Por Ricardo Gálvez del Bosque
Tras la presentación de la denuncia de la Fiscal de la Nación contra Pedro Castillo, desde el Congreso han estado buscando hacer mil malabares para poder dar trámite a una acusación contra el Presidente a pesar del blindaje que le otorga el artículo 117 de la Constitución.
Por un lado, ya está circulando una moción de vacancia por incapacidad moral permanente que cuenta con varias adhesiones (incluidos algunos de los “Niños” que intentan desligarse del lío en el que están metidos). ¿Tienen los 87 votos para lograr destituir al Presidente de la República? Haciendo matemáticas simples, si el cerronismo no le baja el dedo a Castillo será casi imposible que lo logren. Sin embargo, lanzan el globo al aire. ¿No se preguntan por qué?
Ayer también salió a la luz que el Congreso formalizaría una solicitud al Tribunal Constitucional (TC) para que interprete el artículo 117. Esta estrategia gaseosa resultaría inútil ya que el TC solo ejerce su labor de interpretación en los casos que éste resuelve, ¡no tiene funciones consultivas! Por tanto, si no tiene un caso que llegue por algún litigio (amparo, hábeas corpus, habeas data, acción competencial, acción popular, o demandas por inconstitucionalidad), no podría manifestarse al respecto.
Una persona con obesidad puede declarar ante sus seres queridos que está buscando perder peso. Sin embargo, el decirlo no hace que se vuelva realidad dicho cambio físico. Si sigue consumiendo la misma cantidad de carbohidratos, harinas, azúcares y grasas, sabemos que no logrará lo que dijo que se propuso. Es decir, los hechos son los que definen los resultados, no los enunciados lanzados a la platea. Y en los hechos, podemos decir que esa persona no está buscando – realmente – bajar de peso. Quizás – genuinamente – lo quiere lograr, pero no está haciendo nada al respecto. Aún.
Lo mismo pasa con el Congreso de la República. En vez de ir a lo concreto, lanzan balas al aire esperando a ver si les liga una y dan con el objetivo de chiripa. ¿Qué sí podrían hacer? Avanzar el proceso en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el cual resulta engorroso y complicado. Pero al mismo tiempo podrían, con unos simples 66 votos lograr reformar el artículo 117 de la Constitución y permitir que se le pueda acusar por delitos de corrupción a un Presidente durante su mandato. No hacen eso, ¿por qué?
No es por desconocimiento. Saben que, por ese camino, en 3 meses la ciudadanía aprobaría la reforma vía referéndum. En este espacio ya lo hemos dicho hace meses, y nadie mueve un dedo. Nadie quiere un Presidente corrupto, es lo más sensato. Pero ese camino hace que la titular de cualquier acción que ponga contra las cuerdas a Pedro Castillo sea la Fiscal de la Nación. No ellos. Y eso es clave.
¿Por qué? Porque entre que se presenta una moción de vacancia y se pone a debate y se vota, hay unos 10 días que son valiosísimos para los congresistas. Teniendo, ellos, la sartén por el mango, podrán negociar lo que se les ocurra a cambio de su voto. Un festín de ofertas que harán que brillen los ojos de cualquier parlamentario, y con resultados impredecibles. No importaría que de antemano sepan que no llegarán a los 87 votos necesarios, el show les permitirá hacer su agosto. Entonces, firmar una moción sin garantizar su voto es subir su «precio» en el mercado. Encima, los incautos pueden empezar a dudar si son «niños» o no. Win-win.
¿Quieren lanzar mil disparos al aire sin tener un objetivo claro y sabiendo que éstos podrían no tener éxito? Adelante. Háganlo. Pero, ¿podrían hacer en paralelo lo correcto y lo que sí va a rendir frutos? ¿O no les da? De otra forma seguiremos metidos en este callejón sin salida. No crean que todos son tontos y les creen sus cuentos.
Imagen: tomada de https://borrokagaraia.wordpress.com/2015/08/16/callejon-sin-salida/
